Because he's nice: terrorismo de Estado a la carta
El Narcoestado como proyecto histórico de las dinastías empresariales ecuatorianas, al mismo tiempo de mostrarse como omnipotente -muñecos de cartón adornando el territorio nacional en cada rincón- refleja una profunda fractura en el bloque de poder que sostiene -hasta el momento- el estatus quo capitalista. Termina siendo imposible no reconocer que la lucha de clases se elevó a niveles sin precedentes en la historia “democrática” del Ecuador, acumulado de la lucha histórica de nuestra clase trabajadora, culminando en los jaque mates dados al poder burgués tanto en Octubre 2019 como en Junio 2022. Estos son los grandes triunfos de la lucha colectiva de nuestra clase, obligando a posicionar a la última ficha con la que contaba el parasitismo empresarial: Daniel Noboa. No por nada, la lucha popular de nuestro pueblo, se enaltece en toda América Latina y el mundo, como símbolo de lucha y resistencia al capitalismo.
En este marco político-social, se posiciona el actual Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, como alternativa a la renegada y desistida posibilidad de implantar una Constitución Bananera, hecha a medida exclusivamente en favor del capital y sus ciclos parasitarios de acumulación.
Una propuesta planteada de manera pusilánime, al calificada como aparentemente urgente en materia económica -para su inmediata tramitación-, pretende regularizar e institucionalizar el Estado de excepción y la facilitación sistemática del cometimiento de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas represivas -permeadas en su totalidad por las lógicas del narco, por algo somos Narcoestado-, garantizando la imposición de un sistema de exterminio social, con el único objetivo de despojar al territorio de todos sus recursos, al costo humano que sea necesario para el capital.
Tal parece que la masacre a 11 militares en Alto Punino -Orellana- el pasado 9 de mayo, bien podría constituir uno más de los ataques de falsa bandera al estilo TC Televisión, para justificar la imposición de medidas extraordinarias y convertir la suspensión de derechos constitucionales en la nueva norma. Los cuatro niños de Las Malvinas, se volverán un modus operandi de las fuerzas represivas a nivel institucional, al estilo de la preparación ideológica a inicios de la declaratoria del CAI, durante la cual la población civil entregaba indumentaria de tortura a las fuerzas del Estado, grabadas con consignas como “Derechos Humanos”.
Desde Octubre de 2019 y Junio de 2022 se intenta imponer una retórica del enemigo interno, que en esta ley se expresa en la retórica del término combatiente, que se intercambia por delincuente, que coloca en especial peligro a la organización popular, sobre todo en territorios en disputa. Ahora mismo existen compañerxs campesinxs e indígenas procesados desde una perspectiva “antiterrorista”.
Esta ley, contrario a lo que el Ejecutivo intenta aparentar, no contiene la mínima intención de “desarticular la economía criminal vinculada al Conflicto Armado Interno”. Todo lo contrario, otorga inmunidad anticipada a quienes ya están ejerciendo abusos de la fuerza y el poder en todo el país: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Quedarían suspendidos permanentemente los derechos fundamentales como el derecho a la libertad cuando se permiten detenciones arbitrarias, o el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la flagrancia y hasta el derecho a la propiedad privada –irónicamente- cuando se permite la confiscación de bienes sin condena firme.
Si algo hemos aprendido del nefasto momento que atravesamos como país, es que la doctrina del shock se repite como estrategia, una y otra vez a lo largo de la historia y los territorios, por ser un método probado y efectivo. La puesta en escena que el gobierno de Noboa montó el 8 y 9 de enero de 2024, logrando generar un momento de real shock colectivo que hasta la actualidad, justifica y legitima la declaración de guerra interna, y el Estado militarizado que lo acompaña.
El quehacer político de Noboa ha llevado al manual de la doctrina del shock a la excelencia: de aprobarse la propuesta de ley enviada como económica urgente desde el Ejecutivo, sería el Ecuador el segundo país en Latinoamérica en tener una ley tan totalitaria, comparable únicamente a la bochornosa Ley Antimafia de Milei, aprobada en febrero de 2025.
La deshumanización -y por lo tanto la responsabilidad- colectiva que conlleva legalizar un exterminio social de la magnitud del que se desarrolla frente a nuestros ojos en el Ecuador -3.804 muertes violentas registradas entre enero y abril de 2025-, termina siendo el resultado de años de la imposición de un discurso antipopular, encaminado a adorar y enaltecer al explotador -porque la subjetividad individual conecta el deseo de una vida plena o al menos digna con la ilusa utopía de llegar a pertenecer a esa exclusiva e inalcanzable élite pararistaria- mientras se desea y augura la muerte violenta del mismo tejido social al que se pertenece.
Con la crisis que generó la pandemia por el Covid-19, el capitalismo global reformuló sus mecanismo de explotación, dominación y represión, que moldearon las condiciones materiales y simbólicas para un nuevo ascenso del fascismo a nivel mundial, con contadísimas excepciones como son las Naciones del Sahel. La extrema derecha en sus formas particulares ha logrado hacerse del poder en los últimos 7 años, radicalizando su forma de Estado hacia el totalitarismo.
En términos históricos como estructurales, en el Ecuador la lógica antisubversiva -anticomunista- se establece frontalmente como razón de Estado durante el gobierno de León Febres Cordero -1984-1988-, un cocainómano y gatillero de la burguesía que juraba “darle bala” a cualquier disidente a su doctrina de control social. De esta manera, se cometieron innumerables violaciones a los Derechos Humanos -459 registradas- de las que quedó impune y celebre hasta su muerte. Este momento histórico específico, se está volviendo a revivir bajo los marcos del “Nuevo” Ecuador -como si algo tuviese de nuevo reciclar una lógica anticomunista de la Guerra Fría-. La finca narcobananera en la que se ha convertido el Ecuador, inaugura el exterminio social cristiano 2.0.
Establecido en un momento en el que la manipulación de la verdad, la trampa, la plutocracia como forma de corrupción, el abuso del poder, se reconocen socialmente como una demostración de fuerza, de virilidad y de liderazgo. Eso que desde una orilla se reconoce como desdeñable, sobre todo porque atenta en contra de los intereses colectivos de la clase trabajadora, es apreciado como poderoso desde los mismos sectores populares. ¿Por qué? Porque aparentemente da una solución concreta a una situación concreta. Inseguridad: mano dura.
Lo principal reside en demostrar que esta ley -y quienes la proponen- atenta frontalmente en contra los intereses colectivos de la clase trabajadora, del precariado. La ley atenta contra dos expresiones populares: los jóvenes empobrecidos y racializados, y la organización de lxs empobrecidos y racializados. Con esta ley, el gobierno lograría sortear la necesidad de declarar una y otra vez estados de excepción, legitimando aún más la “normalidad” militarizada, la “normalidad” del uso de la fuerza letal, la “normalidad” de la impunidad.
De aprobarse el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional por Noboa el pasado 17 de mayo de 2025, se dará paso a la efectiva institucionalización del estado de excepción en el Ecuador, en el cual derechos constitucionales son suspendidos de forma sistemática, al mismo tiempo de garantizar impunidad absoluta a violaciones de Derechos Humanos en filas de fuerzas represivas, creando un campo híbrido entre lo legal y lo paralegal.
Por último y como cereza del pastel, el proyecto de ley presentado como económico urgente contiene una sola medida económica, que es el descuento de hasta el 30% de Impuesto a la Renta, si este se dona al ejército o la policía. Quizás sea este un buen elemento para demostrar que siempre, los aparatos represivos han sido y serán los perros a sueldo de la clase dominante. En definitiva, se utiliza la situación de extrema violencia que vive el país, el estado de guerra que ha manufacturado el Narcoestado y sus gobiernos, tanto para garantizar los flujos de las economías criminales, como para legitimar el terrorismo de Estado. Esto ya ha pasado en América Latina y el mundo. Noboa declaraba junto al genocida Netanyahu que el Estado de “israel” y el Ecuador tienen el mismo enemigo. Ese enemigo es el pueblo.
La Banana Republic -además de representar el más burdo modelo de acumulación privada impuesto jamás sobre las clases explotadas del Ecuador-, se convierte simultáneamente en la vanguardia del proyecto decadente y terminal del imperialismo yanqui -y Occidental- en territorio americano. Las dictaduras perfectas no serán las que mantengan encadenados a sus esclavos, sino las que hagan que los esclavos amen a su verdugo.
